¿Qué son las comunidades energéticas? Según la Unión Europea, una comunidad energética es una entidad jurídica que capacita a «los ciudadanos, las pequeñas empresas y las autoridades locales para producir, gestionar y consumir su propia energía». Al ceder la «propiedad» de los activos que producen energía a la comunidad energética –que está formada, entre otros, por productores de energía, consumidores (ciudadanos particulares, empresas, administraciones públicas) y distribuidores–, estas comunidades pueden ayudar a sus miembros a acceder a energías renovables de bajo coste, así como a acceder a información sobre cómo aumentar la eficiencia energética de los edificios de sus miembros (residenciales y de oficinas, por ejemplo), lo que les permite controlar mejor sus facturas energéticas y, al mismo tiempo, mantener inversiones asequibles.
Las comunidades energéticas que se centran en la creación y distribución de energía renovable se denominan Comunidades Energéticas Renovables (CER). Más concretamente, una comunidad energética renovable es un grupo de ciudadanos, actividades comerciales, administraciones públicas locales y pequeñas y medianas empresas que se reúnen para producir, intercambiar y utilizar energía producida a partir de fuentes renovables a escala local.
Las comunidades energéticas en la Unión Europea se crearon a través del «paquete de energía limpia para todos los europeos» de la UE. Adoptado en 2019, el paquete introdujo el concepto de comunidades energéticas en su legislación, en particular como comunidades energéticas ciudadanas y comunidades energéticas renovables.
Además de permitir la producción compartida de energía, estas comunidades también tienen como objetivo mejorar la flexibilidad de la red a través de la respuesta a la demanda distribuida y los servicios de almacenamiento proporcionados por las propias comunidades.
El objetivo de las Comunidades Energéticas Renovables es compartir los beneficios derivados de la generación de energía renovable dentro del área local donde opera la CER. La creación de una comunidad energética renovable ayuda a descentralizar la distribución de energía, promoviendo a su vez un modelo de producción y consumo de energía más sostenible. Además, según la Comisión Europea, estas comunidades «contribuyen a aumentar la aceptación pública de los proyectos de energías renovables y facilitan la atracción de inversiones privadas en la transición hacia una energía limpia. Al mismo tiempo, tienen el potencial de proporcionar beneficios directos a los ciudadanos mediante el aumento de la eficiencia energética, la reducción de sus facturas de electricidad y la creación de oportunidades de empleo local».
Los participantes de una CER pueden formar parte como:
productores-socios, que reciben una parte de las subvenciones reservadas a las CER, lo que les ayuda a amortizar la inversión en el sistema renovable en pocos años;
consumidores-socios, que reciben una cuota de subvenciones por el simple hecho de consumir la energía, sin incurrir en ningún coste;
miembros productores y consumidores, que obtienen los beneficios que disfrutan tanto los miembros productores como los miembros consumidores.
¿Cómo funciona una comunidad energética?
Una comunidad energética es una entidad jurídica sin ánimo de lucro cuyos miembros comparten la producción, distribución y uso de energía renovable a nivel local. A través de ciertas subvenciones disponibles para dichas comunidades, sus miembros pueden ahorrar en gastos energéticos, ayudando a amortizar la infraestructura energética compartida y la energía generada por su uso. Una vez constituida la entidad jurídica, el siguiente paso es determinar dónde se ubicará la infraestructura energética. Por ley, debe construirse cerca de sus miembros consumidores, por lo que –tomando como ejemplo una instalación de energía solar– podría construirse en los techos de las fábricas y edificios de oficinas de los miembros participantes, así como en edificios públicos, como escuelas y hospitales. Una vez construida la infraestructura, la energía se comparte a través de la red con los miembros de la comunidad energética.
La infraestructura propiamente dicha no tiene por qué ser propiedad de la propia comunidad energética: puede ser propiedad de un solo miembro o incluso de un tercero, ajeno a la propia comunidad. Una vez que la infraestructura está en funcionamiento, la comunidad económica puede solicitar el acceso –directamente o a través de un tercero delegado– a las subvenciones específicas que se han puesto a disposición de las comunidades energéticas para promover su formación. Dichos incentivos no son aplicables a la energía total producida; solo están disponibles para la energía compartida dentro de la comunidad. En el caso de que la energía producida supere la energía utilizada por la comunidad, la comunidad económica es recompensada por el operador de la red mediante el pago por el exceso de energía producida. El exceso de energía producida también puede almacenarse en baterías, para ser utilizada cuando no pueda generarse energía renovable (durante las noches, por ejemplo) y/o cuando los picos de demanda sobrecarguen la red. Cada comunidad energética determina cómo repartir entre sus miembros los ingresos generados.
¿Cuáles son las ventajas de una comunidad energética?
Pertenecer a una comunidad energética renovable ofrece muchas ventajas, incluidas:
1. medioambientales, porque al fomentar la producción de energías renovables a nivel local, las comunidades energéticas pueden generar reducciones de las emisiones de CO₂;
2. económicas, porque los miembros pueden obtener incentivos por la creación de comunidades energéticas. En Italia, pueden ascender a 119 euros/MWh durante 20 años por la energía compartida entre los miembros de la comunidad. Además, el 100 % de la energía generada se vende al operador de la red de Italia (GSE) a precios de mercado establecidos por la Bolsa de Energía nacional. Los beneficios se asignan proporcionalmente en función de la energía generada (miembros productores) y de la energía compartida (miembros consumidores). Por lo tanto, todos los miembros de la CER participan en los beneficios económicos globales;
3) en la red, ya que al producir y distribuir la energía producida localmente, una comunidad energética puede reducir la pérdida de energía a la red que se produce cuando la energía tiene que recorrer distancias mayores;
4) sociales, porque todo el mundo puede formar parte de una comunidad energética, incluso los consumidores que no tienen medios para montar un sistema de energía renovable por su cuenta. Todos los miembros de la comunidad reciben los beneficios al formar parte de ella. Además, la pertenencia a una comunidad energética ayuda a educar y concienciar a los ciudadanos (particulares, empresas y ciudadanos) sobre la sostenibilidad urbana y la importancia de los recursos naturales, así como promueve la conservación de la energía y su uso eficiente.
Ejemplos de comunidades energéticas en Europa
Las comunidades energéticas obtuvieron el reconocimiento y la regulación en toda la UE con el «paquete de energía limpia para todos los europeos» de la UE, aprobado en 2019. Sin embargo, este tipo de comunidades existen en Europa desde hace algunas décadas. Según energytransition.org, las comunidades energéticas empezaron a surgir en Europa en los años 80 y hoy existen 1900 proyectos en toda la UE en los que participan más de 1,2 millones de ciudadanos de la UE, en países como Grecia, Dinamarca y Bélgica. Según la misma fuente, la Comisión Europea calcula que, para 2030, «las comunidades energéticas dirigidas por los ciudadanos podrían poseer hasta el 17 % de la energía eólica y el 21 % de la solar».
¿Cuál es la normativa relacionada con una comunidad energética?
Hay varios textos legislativos y normativos que han contribuido a establecer y promover comunidades energéticas renovables en la Unión Europea, algunos de los cuales han desempeñado un papel clave. El primero es el «Paquete de medidas sobre energía limpia para todos los europeos» de la UE. Adoptado en 2019, el paquete introdujo el concepto de comunidades energéticas en su legislación, en particular como comunidades energéticas ciudadanas y comunidades energéticas renovables, allanando así el camino para la creación de las primeras entidades de este tipo reguladas por la UE.
Un segundo instrumento legislativo importante que ha permitido la existencia de estas comunidades es la «Directiva sobre energías renovables» de la UE de 2009, que estableció «el marco jurídico para el desarrollo de las energías renovables en todos los sectores de la economía de la UE, apoyando la cooperación en materia de energía limpia entre los países de la UE». Para respaldar aún más las fuentes de «energía verde», la directiva también fijó un objetivo del 20 % de producción/consumo de energías renovables en la UE para 2020 y estableció objetivos nacionales vinculantes. En 2018, se revisó la directiva. Entre otros, esta edición revisada –denominada Directiva sobre Energías Renovables (DER) II– fijó un objetivo vinculante del 32 % para la cuota global de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de la UE en 2030.
También incluía «principios y normas comunes para los sistemas de apoyo a las energías renovables, los derechos a producir y consumir energía renovable y a establecer comunidades energéticas renovables...». Y establecía normas para «eliminar barreras, estimular las inversiones e impulsar la reducción de costes en las tecnologías de energías renovables, y capacita a ciudadanos, consumidores y empresas para participar en la transformación hacia energías limpias».
Por último, está la «Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad». En ella, se establece el marco jurídico para proteger a estas comunidades y darles un trato igualitario en el Derecho de la UE, consagrando el principio –en el artículo 46 del preámbulo– de que dichas comunidades «deben poder operar en el mercado en igualdad de condiciones sin falsear la competencia, y los derechos y obligaciones aplicables a las demás empresas eléctricas del mercado deben aplicarse a las comunidades energéticas de ciudadanos de manera no discriminatoria y proporcionada». El artículo 16 de la directiva establece las protecciones para estas comunidades y las normas y reglamentos que rigen su funcionamiento a escala de la UE.
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